Conclusiones del Congreso del PSOE. Por el cambio (III)
Espero no haberme excedido, pero aún estamos con los cambios y retos del siglo. Son muchos los puntos y mucho lo que se aprobó en el Congreso. Y su importancia es máxima. Es el estudio de la sociedad, la gobernabilidad y el futuro, y requiere extensión. Aseguro que intento reflejar lo más importante, dentro de que importante es todo.
CAMBIOS GLOBALES Y RETOS DEL SIGLO XXI (Continuación)
URBANISMO Y SOSTENIBILIDADURBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
La consecución de un urbanismo sostenible es un factor decisivo en la lucha contra el cambio climático. En función del modelo urbanístico que se siga, podrá disminuirse o intensificarse el consumo energético, y como consecuencia, aumentar o disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Aún cumpliendo la Ley del Suelo, que sin duda significa un gran avance y un punto de partida para revertir un proceso de sobreexplotación del mismo, el Código Técnico de la Edificación y la Certificación Energética de edificios, tendremos muchas dificultades para poder cumplir con Kioto.
URBANISMO Y SOSTENIBILIDADLa consecución de un urbanismo sostenible es un factor decisivo en la lucha contra el cambio climático. En función del modelo urbanístico que se siga, podrá disminuirse o intensificarse el consumo energético, y como consecuencia, aumentar o disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Aún cumpliendo la Ley del Suelo, que sin duda significa un gran avance y un punto de partida para revertir un proceso de sobreexplotación del mismo, el Código Técnico de la Edificación y la Certificación Energética de edificios, tendremos muchas dificultades para poder cumplir con Kioto.De cara al futuro necesitamos partir de un modelo de ordenación del territorio basado en una cultura de protección y de preservación del suelo y de todos sus componentes (biológicos, hídricos, paisajísticos, etc.) como valioso recurso y patrimonio colectivo limitado. Un modelo que contemple a la movilidad sostenible y el transporte público como elementos prioritarios e imprescindibles.
El acceso a la vivienda ha de ocupar un lugar preferente en el planeamiento urbano, tanto en la rehabilitación de cascos urbanos como a través de la construcción de vivienda de protección oficial.
La arquitectura como yacimiento de emisiones y producción de energía renovable es un objetivo ya de esta década, pero no será suficiente si no pensamos en barrios y distritos ecológicos, lo que quiere decir actuaciones integrales de “energías limpias” y “emisión cero” en partes importantes de las ciudades, que ataquen en origen las fuentes de emisión.
Desde el Partido Socialista promocionaremos la realización de un debate nacional con participación de todas las administraciones, personas expertas en el campo del urbanismo, la arquitectura, la ingeniería pero también en las ciencias sociales, en seguridad, etc. para repensar la ciudad, los pueblos y los territorios.
NUEVAS POLÍTICAS E INSTITUCIONES PARA UNA SOCIEDAD EN IGUALDAD
Vivimos una etapa de enormes transformaciones económicas, políticas y sociales. Estamos alumbrando una nueva sociedad, caracterizada por la globalización económica, la individualidad, la internacionalización, la igualdad de género, la diversidad. Son cambios tan rápidos y al mismo tiempo tan profundos que provocan una mezcla de expectación e incertidumbre en la ciudadanía. Ante esta situación, la política ha optado, en esencia, por dos aproximaciones. Una política conservadora tiende a negar esos cambios, incluso a combatirlos, tiende a plantear dilemas maniqueos, simplificando los debates y huyendo de la reflexión, buscando volver a un pasado que se idealiza. Un pasado donde los valores de la sociedad patriarcal, religiosa, racialmente homogénea, con una clase trabajadora dispuesta a sacrificar derechos sociales y laborales, con un ejercicio autoritario del poder, donde todo debe ser como ha sido siempre, se convierten en el paradigma a recuperar en estos tiempos inciertos. Un modelo de sociedad cuyo horizonte vital es el éxito inmediato, a cualquier precio, obviando la perspectiva del medio y largo plazo que hoy, más que nunca, es fundamental considerar personal y colectivamente. Estas fuerzas políticas miran al pasado con añoranza: buscan reencontrarse con él.
El pensamiento progresista y, en especial, el pensamiento socialista se centra en liderar los cambios. De lo que se trata es de gobernar la nueva sociedad, con nuevas políticas, nuevas ideas y modernas instituciones orientadas a la gestión y atención especializada, para aprovechar las oportunidades que ofrece y minimizar los problemas que genera. El Partido Socialista lleva muchos años trabajando en y liderando este enfoque político, siempre a la vanguardia, intentando transformar la sociedad en beneficio de la ciudadanía y, sobre todo, de los que menos tienen. El PSOE del siglo XXI ha de seguir esta senda. Ha de ser esa fuerza política transformadora que lidere los profundos cambios que nos han tocado vivir. Somos personas progresistas, modernas, tolerantes, innovadoras; en definitiva, de izquierdas. No nos asusta la evolución de la sociedad porque entendemos la misma como una oportunidad, no como un problema. Pero esa evolución se ha de dirigir y gestionar eficazmente y con valentía desde los poderes públicos para que el progreso económico y social que supone llegue a todos por igual, para que en esta nueva sociedad que estamos construyendo haya más igualdad, más solidaridad, más democracia, más confianza en la ciudadanía, más gobernanza global sin olvidar el gobierno local y mejor convivencia. Todo ello a través de una mejor Administración con especial atención a los gobiernos y las administraciones locales.MÁS GOBERNANZA GLOBAL
Que nuestras sociedades se enfrentan a enormes desafíos es un hecho incuestionable: la paz y la seguridad mundiales están lejos de estar garantizadas; los derechos humanos, pese a su universalidad, son un lujo de cuyo disfrute están excluidas cientos de millones de personas; la pobreza, el hambre, el analfabetismo, las desigualdades y la discriminación, y especialmente de las mujeres, que persisten en muchas partes del mundo.
Un proyecto de progreso como el nuestro ha de ser consciente de todo ello. No debemos dejar de prestar la máxima atención a la amenaza del terrorismo, combatiéndolo desde el máximo respeto a los derechos humanos y al derecho internacional en el marco de una agenda internacional de mantenimiento de la paz basada en el multilateralismo y la cooperación internacional. No obstante, este proyecto ha de fijarse como objetivo prioritario cambiar el paradigma neoconservador de la seguridad antiterrorista por el de la seguridad global, incluyendo otras cuestiones esenciales como el cambio climático, la seguridad energética, los movimientos migratorios, la lucha contra la pobreza y la globalización económica y financiera, desde un discurso positivo, proactivo e incluyente. Una posición que se resume en el principio enunciado por Kofi Annan de que “sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay seguridad y no habrá desarrollo ni seguridad sin el respeto a los derechos humanos”.
El ascenso de nuevas potencias, algunas de ellas con sistemas de valores radicalmente distintos de los que predominan en las sociedades abiertas, plantea una dificultad añadida a la hora de construir un orden multilateral. Precisamente en un momento en el que la conjunción de globalización económica y política hace aún más evidente la necesidad de ir hacia un sistema de gobernanza mundial, las relaciones internacionales parecen sin embargo deslizarse a hacia un mero multipolarismo. La diferencia es crucial puesto que un mundo multilateral, si bien implica una autoridad débil o descentralizada, al menos presupone una sociedad y un derecho internacional mínimamente articulado en torno a principios comunes. Por el contrario, un mundo multipolar presupone la ausencia de principios estructuradores diferentes del mero equilibrio de poder.
España está idealmente posicionada para ser un actor global relevante. Treinta años de vida democrática, y más de veinte de plena integración en Europa, han llevado a nuestro país a unas cotas de bienestar, paz, libertad y progreso social que despiertan la admiración de muchos países. El gran objetivo de la política exterior de la España democrática, lograr que España adquiera una posición global acorde con su historia, peso y valores, es hoy una realidad.
Si el éxito de España destaca es precisamente porque en el mundo en el que vivimos paz, prosperidad, libertad, equidad y justicia social todavía representan, desgraciadamente, una excepción. A nuestro alrededor, más de 3.600 millones de personas (aproximadamente la mitad de la población mundial) carecen del privilegio de vivir en países democráticos, lo que implica que, de forma diaria, sus derechos más básicos se ven continuamente cercenados. A su vez, 3.000 millones de personas tienen ingresos menores de dos dólares diarios, de las cuales 1.000 millones son analfabetas o carecen de acceso a agua potable. Una situación en la que el 20 por ciento de la población acumula el 75 por ciento de la riqueza mientras que el 40 por ciento sólo accede al 5 por ciento de la misma, en la que existe todavía el hambre, las desigualdades, la pobreza extrema o la falta absoluta de derechos, es insostenible, tanto desde el punto de vista moral como el práctico. Estos datos justifican el compromiso de nuestro país con el 0´7% de la RNB destinados a ayuda al desarrollo y a la consecución de los Objetivos del Milenio, dando continuidad a nuestro proyecto solidario que, en los últimos años, viene prestando una especial atención a África, al acceso de servicios sociales básicos como el agua y el saneamiento, a las políticas de género, a la protección de la seguridad alimentaria y al impulso de las medidas de codesarrollo sin descuidar las áreas tradicionales de actuación de nuestra cooperación.
El éxito de España conlleva una enorme responsabilidad ética y moral. Ante la pobreza, la marginación, las desigualdades y la falta de libertad, o sus consecuencias más visibles, como los conflictos, el hambre o los movimientos migratorios, hay quienes, tanto en España como en nuestro entorno, propugnan adoptar una actitud eminentemente defensiva, erigiendo barreras, físicas o ideológicas, abogando por soluciones policiales o militares ante las desigualdades y, en general, desentendiéndose del futuro de cientos de millones de personas. Pero una sociedad injusta hacia fuera e insensible ante la falta de derechos de otros difícilmente puede ser una sociedad equitativa o democrática hacia dentro. Por ello, un objetivo central del proyecto político representado por el Partido Socialista tiene que ser la promoción de un mundo solidario, equitativo, próspero, libre y más justo. Un objetivo que hace referencia a la promoción del diálogo y el desarrollo de un modelo de ciudadanía intercultural, de convivencia pacífica y de cooperación efectiva entre personas iguales en dignidad y derechos, tanto dentro como fuera de las fronteras de cada país, profundizando en su integración social, económica y política a través de políticas activas. Una iniciativa como la Alianza de Civilizaciones, apoyada desde diversos organismos internacionales, ofrece un nuevo marco para el reconocimiento de las diferencias, para la búsqueda de consensos más efectivos sobre derechos humanos y para el impulso de políticas compartidas en torno a la resolución de conflictos y al desarrollo sostenible necesario en un mundo globalizado.
En este contexto y para contribuir a la construcción del Mediterráneo como una zona de paz, prosperidad y progreso que atienda a las preocupaciones internas de la región, consideramos que la creación de la Unión para el Mediterráneo, con la participación de todos los estados miembros de la UE, es una propuesta que servirá para profundizar el Proceso de Barcelona y mejora la relaciones norte-sur en todos los ámbitos como preconiza la Alianza de Civilizaciones.
Asimismo, España apoya las negociaciones directas entre Marruecos y el Frente Polisario, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, con el fin de alcanzar para el conflicto del Sahara, en el marco del derecho internacional, una solución política, justa, duradera, democrática y aceptable para todas las partes implicadas que permita la autodeterminación del pueblo saharaui.
El Parlamento Europeo como voz de la ciudadanía europea ha defendido siempre la necesidad de que la UE juegue un papel relevante en la escena internacional. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo adquirirá aún más poderes, entre ellos, el de elegir al Presidente de la Comisión Europea. El Tratado de Lisboa, que nos comprometemos a ratificar, ha de ser desarrollado al máximo en todos sus contenidos, como un nuevo paso hacia la Unión política, económica y social de Europa que los socialistas deseamos. La Presidencia española de 2010 ha de servir para impulsar los valores europeístas que siempre han caracterizado al PSOE: avanzar hacia una Europa de la ciudadanía más democrática, socialmente cohesionada, caracterizada por la solidaridad, el desarrollo sostenible, la cohesión y la inclusión social y económicamente próspera. En este sentido, nos comprometemos a impulsar la plena aplicación de la Carta Social Europea. Asimismo, España ha de servir de puente para la cohesión política y social entre Europa y Latinoamérica ayudados por el nuevo marco comunitario y por una aún más estrecha cooperación con los países latinoamericanos.
MÁS IGUALDAD
Los valores del Partido Socialista, que nos han identificado a lo largo de la Historia, son la libertad, la igualdad y la solidaridad.
El nuestro es el partido de la libertad, que trabaja por la no dominación, el partido de la extensión de derechos y libertades, del respeto a la libre decisión de cada persona en la construcción de su proyecto vital. Tenemos tan interiorizada la libertad que la queremos para todos y todas. Por eso impulsamos políticas para que toda la ciudadanía, sea cual sea su condición social o económica, pueda acceder a las mismas oportunidades, para que el esfuerzo y las capacidades de cada cual sean el único límite a nuestros sueños y proyectos, para que nadie se vea condicionado por su clase social, territorio de nacimiento, situación familiar, género, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual o etnia a la hora de ser dueño y dueña de su destino. Fruto de este principio es la propuesta de hacer una Ley por la igualdad de trato que ofrezca garantías y plantee estrategias para prevenir y combatir la discriminación en todas sus facetas.
Por eso somos el partido del desarrollo de los derechos sociales. El partido que apostó por la universalización de la educación y la sanidad, por la ley de autonomía personal y atención a la dependencia, por la ley de matrimonios de personas del mismo sexo, por la ley de igualdad, por el derecho al divorcio y al aborto y por la extensión de derechos a los ciudadanos y ciudadanas españoles residentes en el exterior.
No sólo lo hemos hecho en honor a nuestros valores, sino porque asumimos el feminismo como movimiento político transformador del cambio de valores en la sociedad y generador de derechos. Socialismo y feminismo han tenido y tienen un camino común y unos objetivos comunes en torno al valor de la igualdad.
El artículo 15 de nuestra Constitución establece como el primero de los derechos de las personas el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Lógicamente, con la vida y la integridad física y moral amenazada no puede haber ejercicio pleno de ninguno del resto de los derechos. No se trata de un derecho más: es el derecho que hace posible el resto de los derechos. La sociedad machista y patriarcal de la que venimos, con la que todavía convivimos, a la que combatimos, niega este derecho a cientos de miles de mujeres. El derecho más vital, en el caso de las mujeres, es el más amenazado. Se las amenaza para someterlas y dominarlas e infravalorarlas.
Creemos que existe un gran reto pendiente en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres, que es el fenómeno de la prostitución. Los socialistas creemos que la prostitución no es compatible con la idea de igualdad que defendemos y consideramos que es un fenómeno que tiene como víctimas principales a personas con una triple condición de vulnerabilidad: mujeres, jóvenes e inmigrantes. La pasada legislatura una comisión parlamentaria ya dio por sentado el carácter negativo de este fenómeno y hoy nos ratificamos en que es necesaria su erradicación, ya que estamos convencidos de que las cualidades de la persona como su propia vida, su integridad física y moral y su dignidad personal no deben ser nunca objeto de comercio y menos aún en un mundo donde la prostitución se nutre sobre todo de redes de tráfico de personas que provocan una suerte de esclavismo moderno, tan cruel e inhumano como el de hace unos siglos. Por lo tanto será una tarea fundamental poner en marcha el Plan Nacional contra la trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual que ha preparado el Gobierno en base a las conclusiones de la comisión parlamentaria y que tiene como objetivos, perseguir a las mafias que practican este tipo de trata, dar cobertura social y laboral a las mujeres víctimas de este comercio y concienciar a la población sobre el sexismo que está detrás de esta práctica. El Partido Socialista consciente de las diferentes necesidades en lo referente a la protección de la salud entre hombres y mujeres, abordará la integración del principio de igualdad en la política de salud, promoviendo una actuación específica a mujeres en situación de riesgo.
Consideramos que es necesaria la revisión y actualización de la legislación sobre el aborto tras 23 años de su entrada en vigor, por los profundos cambios sociales y médico-científicos que han tenido lugar durante esta etapa y los avances logrados en materia de los derechos de las mujeres.
Apoyaremos la revisión y la elaboración de una nueva ley que recoja las experiencias más innovadoras de las leyes europeas de indicaciones y plazos.
Desde el Partido Socialista defendemos tres criterios fundamentales en esta materia: la equidad territorial en la prestación de este servicio que debe estar incluido en la red sanitaria pública o concertada, garantizando la accesibilidad; la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres y de los y las profesionales que las atienden y por último, el respeto a la voluntad de las mujeres y al derecho a decidir sobre el control de su maternidad.
Para la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres es tan importante promover que las mujeres participen de lo público como que los hombres participen de lo privado. Es tan importante promover planes de igualdad en las empresas para facilitar a las mujeres el acceso en igualdad de condiciones a puestos directivos como la creación del permiso de paternidad. De una sociedad donde las mujeres trabajaban en el hogar, cuidaban de los hijos, de los mayores, y los hombres ocupaban el espacio público, no podemos pasar a una sociedad donde las mujeres se sigan ocupando en exclusiva de lo que venían haciendo hasta ahora y, además, de la mitad del espacio público. No es eso lo que quieren las mujeres, no es lo que quieren los hombres, ni lo que necesita nuestra sociedad. Lo que necesitamos son políticas que impulsen la corresponsabilidad de los hombres principalmente en el cuidado de hijos e hijas y de la atención a las personas dependientes, porque sin ellos la igualdad no será real.
Además, para conseguir que tanto las mujeres como los hombres trabajen dentro y fuera del ámbito familiar en igualdad de condiciones es fundamental una nueva política de gestión del tiempo. Los horarios laborales han de adaptarse a los horarios escolares y familiares. El Partido Socialista asume como uno de sus objetivos para los próximos años que la sociedad española entienda el tiempo y su gestión como un derecho de las personas. Por ello, promoveremos medidas que, de acuerdo con la negociación colectiva y en el marco del diálogo social, incentiven a las empresas para favorecer la flexibilidad en el tiempo de trabajo con el objetivo de conseguir una mayor armonía con los horarios escolares y la conciliación con la vida familiar y personal de las trabajadoras y los trabajadores.
MÁS DEMOCRACIA
Los y las socialistas pensamos que es mucho mejor encarar las transformaciones sociales a las que nos enfrentamos si la ciudadanía tiene el poder, si los ciudadanos son los dueños de su destino. Las sociedades más democráticas se adaptan mejor al paradigma de la nueva sociedad. Son más flexibles, más transparentes, más responsables, más solidarias y más sensibles a los cambios. Por eso, nuestra misión debe ser trabajar para que el poder pertenezca cada vez menos a los grandes conglomerados empresariales y a otros centros de poder carentes de legitimidad democrática y más a los ciudadanos, al servicio de los cuales debe encontrarse siempre la Administración. A través del diálogo social, a través de la participación ciudadana a la hora de legislar, y de gobernar, a través de una rendición de cuentas transparente, a través, en definitiva, de más democracia, los socialistas debemos seguir demostrando que gobernamos con, por y para los ciudadanos.
La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado, y las elecciones libres constituyen el principal instrumento – no el único – de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Para hacer efectivos éstos principios constitucionales nos dotamos en 1985 de una legislación electoral, que con sucesivas reformas cumple hoy perfectamente con la función de garantizar unas elecciones democráticas. Sin embargo, tras más de veintitrés años de vigencia parece razonable abordar su reforma siempre y cuando exista un consenso de todas las fuerzas políticas, ya que en la actualidad se han constatado diferentes propuestas de reformas, justificadas en circunstancias sociales y políticas y en nuevas exigencias técnicas que pueden hacer aconsejable acometer dicha reforma.
Los socialistas no queremos un modelo inspirado en ningún despotismo ilustrado, en políticos profesionales o supuestos expertos que actúan de espaldas a la ciudadanía, que practican la arbitrariedad o la ingeniería social de laboratorio. No nos resignamos, no vamos a asumir como inevitable el divorcio entre actores políticos y ciudadanos, debemos ser un partido que escuche y aprenda de la sociedad, para lo cual mantendremos un diálogo constante con los movimientos sociales. Queremos involucrar a las personas en los asuntos públicos, aprovechando las nuevas tecnologías, que nos acompañen, que se impliquen y movilicen, que no se limiten a ser espectadores pasivos, destinatarios de las decisiones y, para ello, promocionaremos la participación ciudadana y el desarrollo asociativo.
A tal fin pondremos en marcha un grupo de trabajo de expertos en procesos participativos y representantes institucionales nacionales, autonómicos y locales, que pueda elaborar un informe que sirva de base para introducir reformas que mejoren la relación entre la política y ciudadanía y ayuden a combatir la desafección democrática.
Como fuerza mayoritaria, asumimos también nuestra obligación, nuestra responsabilidad, no sólo de marcar la línea política en la que deben darse los acuerdos con el resto de fuerzas políticas, sino también de trazar las líneas que en ningún caso estamos dispuestos a traspasar en ese diálogo. Las líneas que nos impone el marco constitucional, sin duda, pero también las líneas que nos identifican como fuerza política. Las de la solidaridad entre todos los españoles; las del reconocimiento de la España plural y de la riqueza que significa esa pluralidad, territorial, política, social, cultural y religiosa; las de la necesidad de reforzar la atención a quienes más expuestos están a los vaivenes de la coyuntura: mayores, personas en riesgo y en situación de exclusión social, etc.; las de igualdad de todas las personas, con independencia de su sexo, edad, raza, religión u orientación ideológica o sexual, de identidad de género, o que tengan alguna discapacidad ; las de avance de nuestra sociedad en el respeto a nuestro entorno natural; las de protección de los consumidores; así como las de enriquecimiento común mediante el refuerzo de la educación pública, laica y de calidad, y el acceso a la cultura para todos.
El derecho a la información es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y por tanto, una piedra angular de nuestro estado democrático. Los socialistas consideramos, de acuerdo con la Constitución, que para que este derecho a la información realmente exista debe de haber libertad de expresión y derecho a informar, así como debe de garantizarse también el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz. Las dos vertientes son irrenunciables y las dos vertientes deben ser garantizadas por los poderes públicos.
En este sentido, la apuesta del gobierno socialista en la legislatura 2004-08 con la regulación de RTVE pone de relieve la voluntad por hacer de las radios y las televisiones públicas entes al servicio de la ciudadanía, independientes del gobierno y por tanto, fuera del alcance del partidismo.
Bajo este prisma, consideramos necesaria la aprobación de una ley reguladora de los derechos de los profesionales de la información, respetando la libertad de empresa, ofreciendo garantías a los profesionales para que puedan ejercer sus derechos constitucionales y a su vez, para garantizar también el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz.
MÁS DIALOGO SOCIAL COMO SEÑA DE IDENTIDAD DE LA POLÍTICA DEMOCRÁTICA
Con la Declaración del Diálogo Social “Competitividad, Empleo Estable y Cohesión Social” de 8 de julio de 2004 se inauguró una etapa de diálogo social que supuso una profunda renovación con respecto a los procesos abordados en esta dirección con anterioridad. Además de la novedad que supuso el hecho de que la agenda del diálogo social se predeterminara para toda la legislatura, dicha agenda social ha abarcado ámbitos de los que tradicionalmente había estado alejada (como la política de regulación de los flujos migratorios, la política ambiental o la estrategia industrial) obteniendo significativos acuerdos en prácticamente todas las materias incluidas en la Declaración para el Diálogo Social de 2004.MEJOR CONVIVENCIA Y MAYOR COHESIÓN
Más democracia significa también mejor convivencia. Porque España es, sobre todo, para nosotros y nosotras, los ciudadanos y las ciudadanas que la viven, la trabajan y la conforman. De ahí que, por encima de cualquier otra cosa, busquemos la convivencia entre toda la ciudadanía; la convivencia segura, pacifica y tolerante entre todos los ciudadanos que habitan en España; la participación de todos y todas, a partir del respeto y fomento a nuestro pluralismo ideológico, religioso, cultural, territorial… en nuestro proyecto común de convivencia, que lo enriquece profundamente. Si democracia es convivencia, también es respeto hacia las leyes, al derecho a ser amparado por éstas. En este sentido, y habiéndose aprobado durante la anterior legislatura la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, los socialistas reclamamos la necesidad del desarrollo progresivo de esta Ley en un marco de recuperado consenso sobre una materia que no debe ser motivo de división entre los españoles, sino todo lo contrario.
La garantía de la convivencia en la que creemos, pasa en primer término por no cejar en nuestro afán de extender a toda la ciudadanía, a todos y todas, la posibilidad efectiva de disfrutar de los derechos y libertades junto al ejercicio de la responsabilidad individual y social. En línea con esta determinación, comprometemos para esta Legislatura la aprobación de una Ley Integral de Igualdad de Trato, que prevenga y combata cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, orientación sexual o identidad de género, edad, religión o convicciones ideológicas, discapacidad…, con la misma técnica normativa utilizada en la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres.
Este ejercicio pleno de los derechos fundamentales implica también garantizar que los ciudadanos y ciudadanas deben ser dueños de una esfera individual de decisión en el que no puedan interferir instancias externas. El único límite al pleno ejercicio de la libertad de un ciudadano debe ser el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás. En este sentido los socialistas consideramos especialmente importante seguir extendiendo derechos de ciudadanía en las siguientes materias:
- Derecho a una muerte digna
Esta esfera individual de autonomía y de decisión abarca toda la biografía de las personas, incluida la fase final de la vida. El derecho a la plena dignidad en el proceso de muerte es un derecho que ya ha sido reconocido jurídicamente en algunas disposiciones legislativas autonómicas, al contemplar los derechos ciudadanos respecto a su Administración Sanitaria. Consideramos conveniente que dicho reconocimiento se efectuara también en la legislación estatal, al igual que resulta necesario avanzar en la deliberación colectiva acerca de los contenidos de este derecho. Esta fuera de toda duda que formando parte de este derecho se encuentra el derecho de los ciudadanos a recibir cuidados paliativos de calidad. Por eso los socialistas nos comprometemos a impulsar su implantación y desarrollo entre las prestaciones sanitarias del sistema sanitario público.
Esta esfera individual de autonomía y de decisión abarca toda la biografía de las personas, incluida la fase final de la vida. El derecho a la plena dignidad en el proceso de muerte es un derecho que ya ha sido reconocido jurídicamente en algunas disposiciones legislativas autonómicas, al contemplar los derechos ciudadanos respecto a su Administración Sanitaria. Consideramos conveniente que dicho reconocimiento se efectuara también en la legislación estatal, al igual que resulta necesario avanzar en la deliberación colectiva acerca de los contenidos de este derecho. Esta fuera de toda duda que formando parte de este derecho se encuentra el derecho de los ciudadanos a recibir cuidados paliativos de calidad. Por eso los socialistas nos comprometemos a impulsar su implantación y desarrollo entre las prestaciones sanitarias del sistema sanitario público.Otro componente importante es el derecho de los ciudadanos a redactar su Testamento Vital y a que su contenido sea respetado. Los Testamentos Vitales ya están regulados en prácticamente todas las Comunidades Autónomas, pero es necesario impulsar la coordinación interterritorial de su aplicación.
El derecho a recibir adecuado tratamiento del dolor y a la sedación paliativa es otro componente clave por lo que resulta imprescindible garantizar a los pacientes que recibirán dichos tratamientos si así lo desean, y garantizar igualmente, que los profesionales puedan aplicar los protocolos dictados por la praxis médica en esos casos. La prolongación de tratamientos de soporte vital que sólo mantienen la vida biológica de las personas pero no mejoran sus expectativas de recuperación puede producir a los pacientes y sus familias un sufrimiento innecesario. Forma parte del derecho a una muerte digna poder evitar tales situaciones mediante la retirada de dichos tratamientos.
En los próximos años, a medida que los anteriores componentes del derecho a la dignidad y a la autonomía del proceso de final de la vida se hayan consolidado, la sociedad española debería abrir el debate hacia la posible regulación legal del último componente, el derecho de los pacientes afectados por determinadas enfermedades terminales o invalidantes a obtener de las instituciones y de los profesionales ayuda para poner fin a su vida.
- Educación para la Ciudadanía
La cultura democrática no es inherente a la naturaleza humana. Hay que construirla y transmitirla, en la familia, en los centros educativos, en la comunidad. Este es el motivo por el que pensamos que enseñar ciudadanía democrática, la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, es una precondición para la coexistencia de una sociedad democrática.
La cultura democrática no es inherente a la naturaleza humana. Hay que construirla y transmitirla, en la familia, en los centros educativos, en la comunidad. Este es el motivo por el que pensamos que enseñar ciudadanía democrática, la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, es una precondición para la coexistencia de una sociedad democrática.La democracia madura y desarrollada como la nuestra debe preocuparse y ocuparse de formar a sus ciudadanos en los valores constitucionales comunes compartidos. Los Derechos Humanos, la dignidad, la convivencia, la responsabilidad social, el pluralismo, la tolerancia, el respeto, la ética y la igualdad, entre otros, son valores que hay que transmitir dándoles un espacio y un tiempo en el currículo escolar, además de constituir una base transversal de referencia para todos y para todo.
La educación no puede únicamente aleccionar a través de conceptos los valores democráticos. Debe saber transmitirlos, enseñarlos en la práctica y responder también a la pregunta: vivir juntos, ¿con qué finalidad? ¿para hacer qué? Y dar a cada alumno la capacidad de participar activamente durante toda la vida en un proyecto de sociedad, reforzando el sentido de ciudadanía. Hay que preparar a cada persona para esa participación, enseñándole sus derechos, sus deberes y sus obligaciones, desarrollando también sus competencias sociales. La educación tiene la misión de transmitir las normas de convivencia comunes de la sociedad, que son las que la fortalecen y fomentan su cohesión. Y debe, también, forjar la capacidad crítica que permite un pensamiento libre y una acción autónoma, respetando los derechos fundamentales de cada individuo.
El desarrollo de un comportamiento cívico responsable puede y debe fomentarse desde una edad muy temprana. La Educación para la Ciudadanía, que incluye el aprendizaje de los derechos y deberes de los ciudadanos, el respeto por los valores democráticos y por los derechos humanos, y la importancia de la solidaridad, tolerancia y participación en una sociedad democrática, está considerada como un instrumento para que niños y jóvenes se conviertan en ciudadanos responsables y activos.
No debemos olvidar que la Constitución Española de 1978 al establecer en su artículo 27 el derecho universal a la educación como obligación de los poderes públicos sitúa “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
- Más laicidad para una mejor convivencia
Esta concepción es contraria a toda restricción religiosa de la libertad de los ciudadanos, así como a toda imposición eclesiástica sobre las leyes de un parlamento soberano, pero no es antirreligiosa. El Partido Socialista sostiene que la democracia y la religión no son incompatibles. La democracia proporciona el mejor marco a la libertad de conciencia, al ejercicio de la fe y el pluralismo de las religiones, evitando así derivas fundamentalistas; por su parte la religión por su contribución a la producción moral, a la cohesión social y a la expresión cultural es un complemento valioso de la sociedad democrática.
Esta concepción es contraria a toda restricción religiosa de la libertad de los ciudadanos, así como a toda imposición eclesiástica sobre las leyes de un parlamento soberano, pero no es antirreligiosa. El Partido Socialista sostiene que la democracia y la religión no son incompatibles. La democracia proporciona el mejor marco a la libertad de conciencia, al ejercicio de la fe y el pluralismo de las religiones, evitando así derivas fundamentalistas; por su parte la religión por su contribución a la producción moral, a la cohesión social y a la expresión cultural es un complemento valioso de la sociedad democrática.La promoción activa de un Estado laico ha traído a nuestra convivencia logros no fáciles, que sin embargo hoy son compartidos por toda sociedad. Es el caso de la libertad de cultos, el matrimonio civil, el divorcio, la secularización de los cementerios, la enseñanza laica, la universidad pública y la separación entre Estado e Iglesia católica. La laicidad es también más tolerancia en la aceptación del hecho religioso.
Es indispensable una legislación que establezca nuevos criterios para la colaboración de las confesiones religiosas con las Administraciones Públicas procurando un trato igualatorio para todas, sin privilegios confesionales. Esa reforma debe abordar también la desaparición progresiva de símbolos y liturgias religiosas en los edificios públicos y en los actos oficiales del Estado. El mandato constitucional de aconfesionalidad así lo exige. Al acometer la reforma de la Ley de Libertad Religiosa hay que llevarla en coherencia con el principio de laicidad que debe acompañar a una democracia constitucional, persiguiéndose el objetivo de profundizar en la separación entre el Estado y las confesiones religiosas.
La Iglesia católica, cuya singularidad histórica, cultural y sociológica en España reconoce el Partido Socialista, debe ser consciente de que el inciso final del art. 16.3 de la Constitución Española no otorga prevalencia de derechos y no es razón para privilegios ni puede significar limitación alguna de la aconfesionalidad del Estado.
- Los derechos de los españoles que viven en el exterior
Los ciudadanos españoles que viven en el exterior seguirán constituyendo una de las prioridades de la agenda política socialista. A partir del 2004, se ha llevado a cabo un importante proceso de modernización de las políticas públicas dirigidas hacia el más de millón y medio de españoles que viven fuera del país con avances muy importantes: más Estado de Bienestar para la emigración española (a través de la extensión de las pensiones y la asistencia sanitaria) y mejor calidad democrática con la aprobación de una ley, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que recoge su singularidad.
Los ciudadanos españoles que viven en el exterior seguirán constituyendo una de las prioridades de la agenda política socialista. A partir del 2004, se ha llevado a cabo un importante proceso de modernización de las políticas públicas dirigidas hacia el más de millón y medio de españoles que viven fuera del país con avances muy importantes: más Estado de Bienestar para la emigración española (a través de la extensión de las pensiones y la asistencia sanitaria) y mejor calidad democrática con la aprobación de una ley, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que recoge su singularidad.Garantizar la convivencia también es respetar las distintas culturas y lenguas que existen en España. Favorecer el autogobierno de nuestras Comunidades Autónomas en el seno de una España unida y diversa. Trabajar por la mejor convivencia en la España de las autonomías, significa, por tanto, reconocer la riqueza y diversidad de nuestro país, para contribuir desde ese reconocimiento a la cohesión de la España constitucional y democrática. Significa culminar el proceso de reformas estatutarias, afrontar la reforma del Senado, abordar la financiación autonómica desde la profundización en la corresponsabilidad fiscal, la autonomía financiera y la solidaridad, e impulsar fórmulas nuevas de cooperación entre administraciones que garanticen la cohesión territorial.
- Política Autonómica
Garantizar la convivencia también es favorecer el autogobierno de nuestras Comunidades Autónomas en el seno de una España unida y diversa: la España plural. Nuestra política autonómica se basa en el diálogo y en la lealtad constitucional, en la profundización del autogobierno y en el reconocimiento de nuestra pluralidad. Es decir, garantizando al mismo tiempo el interés general de todos los españoles, la cohesión de sus territorios y los derechos iguales de los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia. Esta política territorial contribuye a una España más fuerte, más equitativa y eficaz, más respetuosa con su diversidad, pero también más integrada y cohesionada socialmente.
Garantizar la convivencia también es favorecer el autogobierno de nuestras Comunidades Autónomas en el seno de una España unida y diversa: la España plural. Nuestra política autonómica se basa en el diálogo y en la lealtad constitucional, en la profundización del autogobierno y en el reconocimiento de nuestra pluralidad. Es decir, garantizando al mismo tiempo el interés general de todos los españoles, la cohesión de sus territorios y los derechos iguales de los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia. Esta política territorial contribuye a una España más fuerte, más equitativa y eficaz, más respetuosa con su diversidad, pero también más integrada y cohesionada socialmente.El impulso al autogobierno significa hoy y aquí, culminar las reformas estatutarias que se iniciaron en la anterior Legislatura y desarrollar plenamente las previsiones de autogobierno previstas en dichas reformas. Significa también reforzar las relaciones y los ámbitos multilaterales de cooperación. La España de las autonomías está necesitada de una cultura política federal para la colaboración y cooperación institucional, fundamentada en el principio de respeto mutuo y lealtad institucional. Profundizar en el autogobierno también significa reformar el Senado y convertirlo en una auténtica Cámara de Representación Territorial, a semejanza de los modelos territoriales de naturaleza federal. Significa por último, adoptar un nuevo sistema de financiación autonómica de régimen común, continuando el proceso de profundización en la corresponsabilidad fiscal, en la autonomía financiera, en la solidaridad entre todas las Administraciones.
- El pluralismo lingüístico en España: defensa del modelo constitucional
La España democrática consagrada en la Norma de Pacto de Convivencia que nos dimos todos en 1978 hace un reconocimiento y una defensa del plurilingüismo. Lo hace, porque eso es España. La posición política del partido socialista en relación al uso y reconocimiento de las lenguas españolas es la que viene consagrada en la Constitución española. Contribuimos decisivamente en su diseño, la desarrollamos con lealtad y con convicción y la defendemos.
La España democrática consagrada en la Norma de Pacto de Convivencia que nos dimos todos en 1978 hace un reconocimiento y una defensa del plurilingüismo. Lo hace, porque eso es España. La posición política del partido socialista en relación al uso y reconocimiento de las lenguas españolas es la que viene consagrada en la Constitución española. Contribuimos decisivamente en su diseño, la desarrollamos con lealtad y con convicción y la defendemos.Convivimos y seguimos construyendo un Estado con distintas lenguas y un idioma común: el castellano. Todos tenemos el deber de conocerlo y el derecho a usarlo, como dice la Constitución. En el ejercicio de nuestras responsabilidades de gobierno, los socialistas siempre hemos promovido y defendido el castellano y, sinceramente, creemos que goza de buena salud. Aumenta el número de quienes lo hablan y mejora su proyección exterior. 500 millones de personas lo hablan, es la lengua oficial de 29 países y cada vez tiene un mayor empuje en Estados Unidos. El despliegue del Instituto Cervantes, aumentando su presupuesto en un 67% entre 2004 y 2008 y la defensa que de nuestra lengua común se ha hecho en el marco de la Unión Europea, son dos magníficos ejemplos para entender qué hacen y qué concepción tienen de la lengua castellana los gobiernos socialistas.
Asimismo, las demás lenguas españolas son también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía. Esta cooficialidad constitucional-estatutaria debe de ser efectiva, siéndolo con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico sin exclusión. Estas otras lenguas, también españolas y por lo tanto, patrimonio de todos, necesitan en paralelo una proyección y una protección. No tiene sentido pensar que el castellano debe defenderse de ellas.
El Partido Socialista cree y apuesta por un auténtico bilingüismo, porque el conocimiento de las dos lenguas oficiales en los territorios bilingües hace que los derechos de los ciudadanos, su intercomunicación, su convivencia, el mutuo entendimiento y su libertad estén mucho más garantizados que sin ese conocimiento.
El compromiso de los socialistas pasa por la exigencia de que nadie se pueda sentir discriminado por razón de la lengua que utilice, ni por utilizar el castellano, ni por utilizar ninguna de las otras lenguas oficiales reconocidas en el bloque de constitucionalidad. La libertad de uso de ambas es, y así debe seguir siendo, un derecho de los ciudadanos.
Respecto al ámbito educativo la principal discusión se da en si es mejor adoptar una línea educativa con la lengua cooficial en el centro de gravedad (expresión acuñada por el Tribunal Constitucional) o, si por el contrario, es mejor una doble línea que permita a cada padre elegir entre las dos lenguas. Es preciso decir, que los modelos lingüísticos que utilizan total o parcialmente el idioma autonómico como lengua vehicular, responden a un deseo perfectamente explicable y socialmente estimable, esto es, que todos los alumnos del sistema escolar conozcan y dominen al final del ciclo educativo las dos lenguas de su comunidad. Ese bilingüismo es el que garantiza la igualdad plena de derechos ciudadanos.
Pero no nos engañemos, el gran desafío real que tiene España, y todos lo sabemos, es conseguir un sistema educativo multilingüístico que permita a las generaciones futuras dominar además de las lenguas españolas correspondientes, al menos, una lengua extranjera.
- Lucha antiterrorista
Hace cuarenta años que la sociedad vasca y España entera sufrimos los atentados terroristas de ETA. Cuando alcanzamos la democracia y aprobamos la Constitución y el Estatuto de Gernika, las acciones terroristas se multiplicaron. La evolución de este problema desde entonces, nos permite decir hoy que la democracia ha vencido a ese movimiento fascista y totalitario que tiene en el crimen y el chantaje su único lenguaje. ETA no ha desaparecido y desde luego, puede matar y realizar acciones terroristas, pero nadie duda ya de que sus pretensiones nadie las aceptará y nunca serán posibles en nuestra democracia. La ruptura en diciembre de 2006 del Alto el fuego Permanente que ellos mismos anunciaron en marzo de ese año, formalizada después en junio de 2007 con el anuncio de la reanudación de la violencia, ha constatado su incapacidad para la aceptación de la política democrática y ha materializado su fracaso histórico.
Hace cuarenta años que la sociedad vasca y España entera sufrimos los atentados terroristas de ETA. Cuando alcanzamos la democracia y aprobamos la Constitución y el Estatuto de Gernika, las acciones terroristas se multiplicaron. La evolución de este problema desde entonces, nos permite decir hoy que la democracia ha vencido a ese movimiento fascista y totalitario que tiene en el crimen y el chantaje su único lenguaje. ETA no ha desaparecido y desde luego, puede matar y realizar acciones terroristas, pero nadie duda ya de que sus pretensiones nadie las aceptará y nunca serán posibles en nuestra democracia. La ruptura en diciembre de 2006 del Alto el fuego Permanente que ellos mismos anunciaron en marzo de ese año, formalizada después en junio de 2007 con el anuncio de la reanudación de la violencia, ha constatado su incapacidad para la aceptación de la política democrática y ha materializado su fracaso histórico.La unidad democrática de las fuerzas políticas y sociales contra el terrorismo es una condición necesaria para la desaparición de la violencia. La unidad es nuestra fuerza y la garantía de su derrota. La unidad es la respuesta que nos exigen las víctimas. La unidad y el liderazgo comprometido de las instituciones son imprescindibles para la deslegitimación social de la violencia. En el final del terrorismo, la unidad es más importante que nunca.
La sociedad española tiene aún un deber de reparación a las víctimas del terrorismo. Pues, aún siendo cierto que se ha avanzado de forma notable en estos últimos 10 años, también lo es que han vivido demasiados años en el olvido institucional y social. Es indispensable la promulgación de una nueva Ley de Solidaridad con las Víctimas del terrorismo que no sólo aborde los ámbitos de asistencia integral a los heridos, familiares y amenazados, sino que aborde aspectos de reparación moral como los homenajes públicos y al mantenimiento de su memoria y de su significado político. Significado que se expresa en aquello que ETA pretende destruir: el Estado de Derecho y los Pactos de Convivencia sustanciados en la Constitución de 1978 y en el Estatuto de Gernika de 1979. Significado político que está reñido con la utilización partidaria de su dolor que siempre hemos rechazado.
